Colectivas hicieron quemas en el palacio de gobierno de Chihuahua en el marco de las protestas por el 8M

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Activistas colocaron cruces rosas y zapatos para exigirle al gobierno de Veracruz que emita la tercera alerta por violencia de género, ante la ola de feminicidios que se han registrado en el estado.

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Martí Batres, Ingrid Gómez Saracíbar, Ernestina Godoy, y Nadine Gasman Zylbermann, durante el informe de avances de la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México.

Ingrid Gómez Saracíbar, secretaria de las Mujeres, durante el informe de avances de la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México.

Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, encabezó el informe de avances de la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México.

El 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca, María Elena Ríos, comunicóloga y saxofonista de profesión, llegó a su trabajo, un negocio para gestionar viajes, pues tenía una cita con un cliente. Malena, como le dice su familia, nunca imaginó que ese hombre había sido contratado para derramar sobre su cuerpo una cubeta con ácido. Su madre, quien escuchó sus gritos, salió para auxiliarla y, al abrazarla, el ácido quemó también su piel a la altura de los brazos y pechos. Después de batallar para ser recibida en un hospital de Oaxaca y posteriormente ser trasladada a la Ciudad de México, pasó 5 meses en cama. “Dañaron el órgano más grande que tengo que es mi piel, pero estoy viva y buscaré justicia” dice, con claridad, Malena quien no quiere mostrar su rostro. Ha pasado un año desde el ataque y el proceso penal contra sus agresores aún no comienza. Según la investigación de la Fiscalía de Oaxaca, hay cinco implicados y cuatro detenidos, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, su expareja. Vera Carrizal, empresario gasolinero y exdiputado local del PRI, ha sido señalado como el autor intelectual del ataque y se entregó a las autoridades el pasado mes de abril. Su familia, que ha sido su mayor apoyo, también pelea una iniciativa en el Congreso local de Oaxaca para que los ataques con ácido a mujeres sean catalogados jurídicamente como intentos de feminicidio. En México estos ataques ni siquiera están tipificados en el Código Penal, excepto en la capital, donde se castiga con penas de 9 a 12 años de prisión. Tampoco existen datos oficiales sobre el número de víctimas.

El 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos, comunicóloga y saxofonista de profesión, llegó a su trabajo, un negocio para gestionar viajes, pues tenía una cita con un cliente. Malena, como le dice su familia, nunca imaginó que ese hombre había sido contratado para derramar sobre su cuerpo una cubeta con ácido. Su madre, quien escuchó sus gritos, salió para auxiliarla y, al abrazarla, el ácido quemó también su piel a la altura de los brazos y pechos. Después de batallar para ser recibida en un hospital de Oaxaca y posteriormente ser trasladada a la Ciudad de México, pasó 5 meses en cama. “Dañaron el órgano más grande que tengo que es mi piel, pero estoy viva y buscaré justicia” dice, con claridad, Malena quien no quiere mostrar su rostro. Ha pasado un año desde el ataque y el proceso penal contra sus agresores aún no comienza. Según la investigación de la Fiscalía de Oaxaca, hay cinco implicados y cuatro detenidos, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, su expareja. Vera Carrizal, empresario gasolinero y exdiputado local del PRI, ha sido señalado como el autor intelectual del ataque y se entregó a las autoridades el pasado mes de abril. Su familia, que ha sido su mayor apoyo, también pelea una iniciativa en el Congreso local de Oaxaca para que los ataques con ácido a mujeres sean catalogados jurídicamente como intentos de feminicidio. En México estos ataques ni siquiera están tipificados en el Código Penal, excepto en la capital, donde se castiga con penas de 9 a 12 años de prisión. Tampoco existen datos oficiales sobre el número de víctimas.

El 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca, María Elena Ríos, comunicóloga y saxofonista de profesión, llegó a su trabajo, un negocio para gestionar viajes, pues tenía una cita con un cliente. Malena, como le dice su familia, nunca imaginó que ese hombre había sido contratado para derramar sobre su cuerpo una cubeta con ácido. Su madre, quien escuchó sus gritos, salió para auxiliarla y, al abrazarla, el ácido quemó también su piel a la altura de los brazos y pechos. Después de batallar para ser recibida en un hospital de Oaxaca y posteriormente ser trasladada a la Ciudad de México, pasó 5 meses en cama. “Dañaron el órgano más grande que tengo que es mi piel, pero estoy viva y buscaré justicia” dice, con claridad, Malena quien no quiere mostrar su rostro. Ha pasado un año desde el ataque y el proceso penal contra sus agresores aún no comienza. Según la investigación de la Fiscalía de Oaxaca, hay cinco implicados y cuatro detenidos, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, su expareja. Vera Carrizal, empresario gasolinero y exdiputado local del PRI, ha sido señalado como el autor intelectual del ataque y se entregó a las autoridades el pasado mes de abril. Su familia, que ha sido su mayor apoyo, también pelea una iniciativa en el Congreso local de Oaxaca para que los ataques con ácido a mujeres sean catalogados jurídicamente como intentos de feminicidio. En México estos ataques ni siquiera están tipificados en el Código Penal, excepto en la capital, donde se castiga con penas de 9 a 12 años de prisión. Tampoco existen datos oficiales sobre el número de víctimas.

El 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca, María Elena Ríos, comunicóloga y saxofonista de profesión, llegó a su trabajo, un negocio para gestionar viajes, pues tenía una cita con un cliente. Malena, como le dice su familia, nunca imaginó que ese hombre había sido contratado para derramar sobre su cuerpo una cubeta con ácido. Su madre, quien escuchó sus gritos, salió para auxiliarla y, al abrazarla, el ácido quemó también su piel a la altura de los brazos y pechos. Después de batallar para ser recibida en un hospital de Oaxaca y posteriormente ser trasladada a la Ciudad de México, pasó 5 meses en cama. “Dañaron el órgano más grande que tengo que es mi piel, pero estoy viva y buscaré justicia” dice, con claridad, Malena quien no quiere mostrar su rostro. Ha pasado un año desde el ataque y el proceso penal contra sus agresores aún no comienza. Según la investigación de la Fiscalía de Oaxaca, hay cinco implicados y cuatro detenidos, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, su expareja. Vera Carrizal, empresario gasolinero y exdiputado local del PRI, ha sido señalado como el autor intelectual del ataque y se entregó a las autoridades el pasado mes de abril. Su familia, que ha sido su mayor apoyo, también pelea una iniciativa en el Congreso local de Oaxaca para que los ataques con ácido a mujeres sean catalogados jurídicamente como intentos de feminicidio. En México estos ataques ni siquiera están tipificados en el Código Penal, excepto en la capital, donde se castiga con penas de 9 a 12 años de prisión. Tampoco existen datos oficiales sobre el número de víctimas.

El 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca, María Elena Ríos, comunicóloga y saxofonista de profesión, llegó a su trabajo, un negocio para gestionar viajes, pues tenía una cita con un cliente. Malena, como le dice su familia, nunca imaginó que ese hombre había sido contratado para derramar sobre su cuerpo una cubeta con ácido. Su madre, quien escuchó sus gritos, salió para auxiliarla y, al abrazarla, el ácido quemó también su piel a la altura de los brazos y pechos. Después de batallar para ser recibida en un hospital de Oaxaca y posteriormente ser trasladada a la Ciudad de México, pasó 5 meses en cama. “Dañaron el órgano más grande que tengo que es mi piel, pero estoy viva y buscaré justicia” dice, con claridad, Malena quien no quiere mostrar su rostro. Ha pasado un año desde el ataque y el proceso penal contra sus agresores aún no comienza. Según la investigación de la Fiscalía de Oaxaca, hay cinco implicados y cuatro detenidos, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, su expareja. Vera Carrizal, empresario gasolinero y exdiputado local del PRI, ha sido señalado como el autor intelectual del ataque y se entregó a las autoridades el pasado mes de abril. Su familia, que ha sido su mayor apoyo, también pelea una iniciativa en el Congreso local de Oaxaca para que los ataques con ácido a mujeres sean catalogados jurídicamente como intentos de feminicidio. En México estos ataques ni siquiera están tipificados en el Código Penal, excepto en la capital, donde se castiga con penas de 9 a 12 años de prisión. Tampoco existen datos oficiales sobre el número de víctimas.

El 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca, María Elena Ríos, comunicóloga y saxofonista de profesión, llegó a su trabajo, un negocio para gestionar viajes, pues tenía una cita con un cliente. Malena, como le dice su familia, nunca imaginó que ese hombre había sido contratado para derramar sobre su cuerpo una cubeta con ácido. Su madre, quien escuchó sus gritos, salió para auxiliarla y, al abrazarla, el ácido quemó también su piel a la altura de los brazos y pechos. Después de batallar para ser recibida en un hospital de Oaxaca y posteriormente ser trasladada a la Ciudad de México, pasó 5 meses en cama. “Dañaron el órgano más grande que tengo que es mi piel, pero estoy viva y buscaré justicia” dice, con claridad, Malena quien no quiere mostrar su rostro. Ha pasado un año desde el ataque y el proceso penal contra sus agresores aún no comienza. Según la investigación de la Fiscalía de Oaxaca, hay cinco implicados y cuatro detenidos, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, su expareja. Vera Carrizal, empresario gasolinero y exdiputado local del PRI, ha sido señalado como el autor intelectual del ataque y se entregó a las autoridades el pasado mes de abril. Su familia, que ha sido su mayor apoyo, también pelea una iniciativa en el Congreso local de Oaxaca para que los ataques con ácido a mujeres sean catalogados jurídicamente como intentos de feminicidio. En México estos ataques ni siquiera están tipificados en el Código Penal, excepto en la capital, donde se castiga con penas de 9 a 12 años de prisión. Tampoco existen datos oficiales sobre el número de víctimas.

La madrugada del 2 de julio de 2017, Diana Velázquez Florencio salió de su casa sólo para realizar una llamada telefónica; jamás regresó. La joven, quien tenía entonces 24 años, fue violada y estrangulada en Chimalhuacán, Estado de México. Ya hace tres años del feminicidio de Diana. Desde entonces, su madre Lidia Florencio, acompañada de su esposo, buscan justicia para su hija. Hasta la fecha hay un detenido en calidad de presunto asesino y la fiscalía cambió el caso de feminicidio a homicidio doloso, declarando que el cuerpo no se encontraba con signos de violencia para tipificarse como feminicidio. El cuerpo de Diana fue abandonado en una banqueta de la calle Madero a unas cuadras de la plaza Chimalhuacán. Colectivas feministas y artistas locales realizaron un mural en aquel lugar con la imagen de Diana y, a petición de su madre, pintaron también libros, dos gatos, una bicicleta y flores, cosas que le gustaban a ella. El Estado de México acumula 106, de los 704 feminicidios registrados en el país en lo que va de este año, lo que ubica al territorio mexiquense como el de mayor número de homicidios contra las mujeres, revelan datos de la Secretaría de Gobernación Federal. Chimalhuacán cuenta con alerta de genero desde el años 2015, pese a esto, la violencia feminicida no ha disminuido.

La madrugada del 2 de julio de 2017, Diana Velázquez Florencio salió de su casa sólo para realizar una llamada telefónica; jamás regresó. La joven, quien tenía entonces 24 años, fue violada y estrangulada en Chimalhuacán, Estado de México. Ya ha

La madrugada del 2 de julio de 2017, Diana Velázquez Florencio salió de su casa sólo para realizar una llamada telefónica; jamás regresó. La joven, quien tenía entonces 24 años, fue violada y estrangulada en Chimalhuacán, Estado de México. Ya hace tres años del feminicidio de Diana. Desde entonces, su madre Lidia Florencio, acompañada de su esposo, buscan justicia para su hija. Hasta la fecha hay un detenido en calidad de presunto asesino y la fiscalía cambió el caso de feminicidio a homicidio doloso, declarando que el cuerpo no se encontraba con signos de violencia para tipificarse como feminicidio. El cuerpo de Diana fue abandonado en una banqueta de la calle Madero a unas cuadras de la plaza Chimalhuacán. Colectivas feministas y artistas locales realizaron un mural en aquel lugar con la imagen de Diana y, a petición de su madre, pintaron también libros, dos gatos, una bicicleta y flores, cosas que le gustaban a ella. El Estado de México acumula 106, de los 704 feminicidios registrados en el país en lo que va de este año, lo que ubica al territorio mexiquense como el de mayor número de homicidios contra las mujeres, revelan datos de la Secretaría de Gobernación Federal. Chimalhuacán cuenta con alerta de genero desde el años 2015, pese a esto, la violencia feminicida no ha disminuido.

La madrugada del 2 de julio de 2017, Diana Velázquez Florencio salió de su casa sólo para realizar una llamada telefónica; jamás regresó. La joven, quien tenía entonces 24 años, fue violada y estrangulada en Chimalhuacán, Estado de México. Ya hace tres años del feminicidio de Diana. Desde entonces, su madre Lidia Florencio, acompañada de su esposo, buscan justicia para su hija. Hasta la fecha hay un detenido en calidad de presunto asesino y la fiscalía cambió el caso de feminicidio a homicidio doloso, declarando que el cuerpo no se encontraba con signos de violencia para tipificarse como feminicidio. El cuerpo de Diana fue abandonado en una banqueta de la calle Madero a unas cuadras de la plaza Chimalhuacán. Colectivas feministas y artistas locales realizaron un mural en aquel lugar con la imagen de Diana y, a petición de su madre, pintaron también libros, dos gatos, una bicicleta y flores, cosas que le gustaban a ella. El Estado de México acumula 106, de los 704 feminicidios registrados en el país en lo que va de este año, lo que ubica al territorio mexiquense como el de mayor número de homicidios contra las mujeres, revelan datos de la Secretaría de Gobernación Federal. Chimalhuacán cuenta con alerta de genero desde el años 2015, pese a esto, la violencia feminicida no ha disminuido.

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